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TEPAL llama a la reflexión sobre las regulaciones intervencionistas que limitan la libertad de expresión y las voces independientes en Argentina

En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -promulgada en Octubre de 2009-, constituye un retroceso en las posibilidades, diversidad, elección y libertad de acceso para los ciudadanos.

Las reglas de la Ley para las señales, instalan limitaciones inexistentes en el resto de las regulaciones de Latinoamérica. Al mismo tiempo la excesiva reducción de los tiempos publicitarios imposibilita la financiación de contenidos de calidad, de carácter educativo, científico y social.

Las limitaciones al desarrollo de la industria del Cable y el ingreso de empresas de servicios públicos en posición de dominancia, afectan también la competencia real de servicios, la expansión de Internet y el acceso al conocimiento.

La Ley impide también que un Cable produzca señales que no sean su Canal Local. En Argentina, las empresas PYMES del interior generan 600 señales locales que se ven en 900 localidades y transmiten contenidos, pero un tercio de esto deberá ser abandonado.
Que la nueva regulación fue creada con la intención de convertirse en una herramienta para limitar las voces independientes y las producciones de contenidos independientes, se comprueba por una suma de embates -posteriores a la Ley- en contra de la industria de la TV Paga.

Es así que se proyecta la intervención estatal en el mercado mediante una televisión subsidiada con dineros del presupuesto nacional. A ello se suma la expropiación de los derechos de televisación del fútbol, convertido hoy en un elemento de premios y castigos de raigambre política. Y, la más reciente, una resolución que busca regular los precios de los servicios de televisión por abono.

Por todo ello, la industria de la TV Paga reunida en TEPAL, repudia estas acciones intervencionistas, cercenadoras de derechos adquiridos y destructoras de las inversiones de riesgo y hace un llamado de atención para que se defienda la libertad de expresión, de prensa y el supremo derecho a estar informado contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica.