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Junio 2017

Mensaje del Presidente

Editorial: Walter Burzaco

Mucho se discute sobre cómo regular los OTT, un servicio rodeado de una mística tal que las autoridades no le aplican las normas existentes e incluso esbozan proyectos regulatorios cuando los OTT ya están incluidos en el Art. 6° de la Ley 27.078. El artículo refiere a toda forma de comunicación primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por un público determinable, incluyendo el servicio “ofrecido por un prestador de servicios TIC que utilice la tecnología de transmisión de contenidos audiovisuales basados en el protocolo IP (IPTV), para el acceso de los programas en vivo y/o televisión lineal.”

 

Siendo esto así, quienes hoy proveen servicios OTT en la práctica se ven eximidos de gestionar licencias, autorizaciones, permisos o registros (Art. 8° Ley 27.078), de cumplir las obligaciones que pesan sobre los licenciatarios de servicios TIC, e incluso eluden las obligaciones tributarias anexas. Todo por omisión de las autoridades regulatorias, las que tampoco se ocupan de “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados” (Art. 42 CN), dado el gran cúmulo de ventajas que detentan los OTT en comparación con la TV por Cable.

 

Esta enorme diferencia de obligaciones, cargas y deberes que se le exigen a los licenciatarios de servicios TIC y que no se aplican a los OTT, tiene hoy expresiones muy concretas:

 

(1) Los prestadores de OTT no abonan cargo alguno en concepto de “acceso” a la red de telecomunicaciones con protocolo IP, mediante la cual proveen el servicio a sus clientes finales. De esta manera, los servicios de OTT no contribuyen al mantenimiento y expansión de estas redes, que son fruto de la inversión de empresas que operan dentro de la ley.

(2) Los prestadores de OTT deberían estar sujetos a las exigencias que pesan sobre los licenciatarios de los demás servicios TIC, en lo que hace a la protección de los derechos de los consumidores, debiendo cumplir con las adecuaciones del caso, con las obligaciones referidas a exigencias y contenidos mínimos de los contratos de provisión de servicios, a permitir el acceso de los clientes a la información relevante de calidad de productos y servicios contratados, a facilitar la rescisión de los contratos y cancelación de los servicios a pedido de los clientes, etcétera.

(3) Estos prestadores de servicios OTT deberían ser considerados contribuyentes de la Tasa de Control, Fiscalización y Verificación, y aportantes al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, expresamente regulados por los artículos 49 y 22 de la Ley 27.078.

(4) Los prestadores de OTT cuyo servicio consiste en la provisión de contenidos audiovisuales, deberían estar sujetos a obligaciones similares que las señales que son distribuidas por los prestadores de servicios de TV por Cable. Estas disparidades fueron advertidas en Europa, donde se han emitido indicaciones expresas que constan en el “Report on OTT services” difundido por el “Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)” en enero de 2016, que se basan en el principio general de que los servicios en competencia deben tener las mismas obligaciones regulatorias para que no haya privilegios. De esta forma se evitan las asimetrías que derivan en distorsiones competitivas, cuando un servicio soporta costos regulatorios que no tiene su competidor.

 

Lo que está ocurriendo en Argentina, por el simple hecho de que no se aplica la ley a los OTT, es además contrario a la política del Gobierno Nacional de proteger a las PYMES que prestan servicios en las provincias. Pero además el uso intensivo de las redes con protocolo IP por parte de los OTT sin abonar por ello cargo de acceso alguno, y por lo tanto sin contribuir a su expansión y mantenimiento, genera de por sí una situación de distorsión de la competencia que también es contraria a otro de los principios de la política del Gobierno Nacional en materia de comunicaciones: crear nuevas redes para un mejor acceso de los ciudadanos.

 

En conclusión, en vez de elaborar proyectos para eximir a los OTT de sus obligaciones existentes, sugerimos que se aplique la ley. Y si la idea es reducir las obligaciones, la TV por Cable espera recibir ese alivio dada la enorme carga regulatoria y fiscal que está soportando.