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Febrero 2018

Mensaje del Presidente

Editorial: Walter Burzaco

El Senado está dando tratamiento en comisiones a un proyecto de ley que pretende: reducir la brecha digital, promover la competencia, favorecer inversiones, dinamizar el mercado, mejorar la oferta y la calidad de los servicios y reducir precios. Una primera observación que podemos hacer es que los objetivos que se proponen lograr asoman como generosos y hasta paradójicos, para una norma a la que todos llaman “ley corta”.

 

Una mirada que se interne en su articulado también muestra contradicciones intrínsecas en relación al supuesto interés público que persigue, en tanto la redacción es incongruente con la política de Estado encaminada por entero en la dirección de maximizar el acceso a Internet de nuestra ciudadanía.

 

La norma propuesta se basa en dos pilares que se contradicen entre sí. Por un lado, obliga a la compartición de infraestructura pasiva con el objeto de alentar el desarrollo de redes y, por el otro, habilita a quienes decidieron no invertir en la renovación de sus redes físicas, aun cuando conocían con sobrada antelación que podían brindar televisión por suscripción por vínculo físico a partir de enero del 2018.

 

O sea, ahora resulta beneficiado el que debía desplegar redes y no lo hizo, especulando con ingresar al mercado de contenidos sin tener que realizar inversiones en infraestructura. El beneficio es doble, porque pueden competir con los operadores de TV por Cable existentes invirtiendo solamente en los gastos de comercialización. Esto va a ocurrir porque los que brindarán la TV Satelital, ya tienen hundido el costo del satélite en razón de que dan servicios en toda Latinoamérica.

 

También, quienes van a iniciar la explotación del servicio de televisión a través del satélite, cuando les convenga, podrán apalancarse no solo en los ingresos que les genere la TV Satelital, sino también en la infraestructura pasiva de los pequeños y medianos prestadores de TV por Cable que por años han extendido sus redes físicas, a riesgo de su propio capital y renovando sus instalaciones al ritmo que demanda la vertiginosa evolución de la tecnología. En resumen, quienes estaban vedados de ingresar al servicio para proteger a los pequeños y medianos operadores, serán los únicos que obtengan beneficios con el presente proyecto.

 

Ante este escenario, la TV por Cable unánimemente va a plantear que se dé absoluta claridad en la norma respecto de los plazos de ingreso de los operadores satelitales en las distintas escalas de población, que ya han sido establecidas por el Artículo 5° del Decreto 1340/2016, con especial cuidado de preservar y proteger a los pequeños operadores en localidades con menos de 80.000 habitantes.

 

En primer lugar, la industria solicita que se extienda por 5 años la prohibición para brindar los servicios de TV Satelital en aquellas localidades de menos de 80.000 habitantes. En segundo término, que se impida por otros 5 años que quienes presten servicios satelitales puedan exigir el uso y ocupación de infraestructura pasiva, a los prestadores pequeños y medianos que son objeto de protección.

 

Argentina precisa la convergencia, asimismo que se invierta en infraestructura para brindar acceso a Internet al mayor número posible de ciudadanos. Y los operadores de TV por Cable queremos sumarnos a una convergencia que tenga un contexto de reglas claras que ayuden a moderar el riesgo empresario.