Usted es el Visitante Nro 3842150
Octubre 2018

Mensaje del Presidente

Editorial: Walter Burzaco

La Cámara de Diputados está pronta a convertir en ley el texto que se aprobó en el Senado. Se trata del Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y la Competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Una regulación que, según sus fundamentos, va a reducir la brecha digital, promover la competencia, favorecer inversiones, dinamizar el mercado, mejorar la oferta y la calidad de los servicios y reducir precios. Algo por demás ambicioso para una norma a la que todos llaman “ley corta”.


El articulado de la norma, es contrario al supuesto interés público que persigue, porque toma un rumbo completamente opuesto a las políticas convergentes que el Estado viene sosteniendo, cuya finalidad esencial es el más amplio acceso a Internet para todos los hogares argentinos. Pero no va a lograr esos objetivos, debido a sus contradicciones internas.


Por un lado, obliga a la compartición de infraestructura pasiva con el objeto de alentar el desarrollo de redes y, por el otro, habilita a dar servicios a quienes hasta ahora no han estado invirtiendo en redes físicas para abastecer a los consumidores con servicios de alta calidad.


La combinación de estas reglas no incentivan el desarrollo de nuevas y modernas infraestructuras de tecnologías de comunicación. Peor aún, permite que quienes hoy están operando redes de acceso a Internet, en el interior del interior, sean afectados por grandes operadores panregionales que, por su despliegue tecnológico –operan mediante satélites− no van a realizar inversión alguna en los pueblos donde el servicio hoy se está brindando por una PYME.


Argentina tiene 700 empresas pequeñas que brindan TV Cable. Muchas ya ofrecen servicios de acceso a Internet y las demás tienen el potencial de hacerlo, pero necesitan estímulos y protección.


odo el andamiaje regulatorio hasta hoy se ha desarrollado bajo una mirada convergente. Sin embargo, este proyecto habilita el servicio satelital bajo el supuesto de favorecer a los usuarios estableciendo competencia en el video, pero no tiene en cuenta que por el otro lado los perjudica en cuanto al servicio de Internet. Un servicio satelital no va a darle al usuario la calidad de acceso que hoy recibe mediante una red física.


esuelve la demanda de ciertos operadores, pero no el del ciudadano: El ingreso de un competidor satelital será de la mano de grandes empresas internacionales, que ya tengan su servicio activo en toda la región. Ningún conglomerado de pequeñas empresas o cooperativas tiene la más mínima posibilidad de dar este tipo de servicio.


De tal manera que las PYMES en vez de garantizarse una continuidad por medio de esta ley, serán desbordadas por un competidor de una escala panregional, que morigera los riesgos de operar en un único mercado.

Sin duda esta disputa será ganada por el de mayor tamaño. Dado ese escenario, el Estado se verá obligado a rediseñar políticas públicas e invertir recursos públicos para dar acceso a Internet, donde se vean perjudicados los operadores actuales.


La ley no busca este resultado, pero lo permite. No lo persigue, pero con su andamiaje lo incentiva. Argentina precisa la convergencia, asimismo que se invierta en infraestructura para brindar acceso a Internet al mayor número posible de ciudadanos. Y los operadores de TV por Cable queremos sumarnos a una convergencia que tenga un contexto de reglas claras que ayuden a moderar el riesgo empresario.