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Objetó Telefónica el proyecto oficial de telecomunicaciones

En una audiencia dijo que no favorece las inversiones; duras críticas por el servicio.

Telefónica de Argentina criticó ayer el proyecto de ley de telecomunicaciones del Poder Ejecutivo, en el marco de una nueva audiencia en el Senado en la que la empresa recibió duras críticas de legisladores oficialistas y opositores por su falta de inversión y la mala calidad del servicio que brinda.

El blanco de los cuestionamientos fue el secretario general de la empresa, Alejandro Pinedo, quien recibió severas recriminaciones de los senadores José Mayans (FPV-Chaco) y Gerardo Morales (UCR-Jujuy).

"¿Sabe cuánto ha invertido Telefónica en Formosa?", preguntó Mayans. Ante la respuesta negativa de Pinedo, el senador continuó: "Sólo han tendido cables a dos localidades, unos 170 kilómetros", lo reprendió.

Poco después se sumó al reclamo el radical Morales. "En Jujuy no han invertido un peso, sin contar con que obtener una línea de teléfono en una localidad como Huacalera cuesta de 35.000 a 50.000 pesos", dijo el jefe del bloque radical. Sentada al lado del directivo de Telefónica estaba la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de expresión, Liliana Fellner (FPV), también jujeña, que asentía ante las palabras de su comprovinciano.

Estos cuestionamientos se suman al formulado hace ya una semana por el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, Miguel Pichetto (Río Negro), quien también había acusado a Telefónica de no haber invertido un peso desde los 90 y ser responsable de las malas comunicaciones de las líneas celulares.

Minutos antes de la embestida, Pinedo había dicho en esa misma audiencia en el Senado que el proyecto de telecomunicaciones enviado por el Gobierno, denominado Argentina Digital, "no construye un marco jurídico que incentive a las empresas a realizar inversiones".

Por esa razón, el directivo pidió "un amplio debate" de la iniciativa. "Tal como ha sido redactada, no crea las condiciones para alcanzar los objetivos que se plantea porque no es el más adecuado para que el país evolucione en esta industria", insistió.

Pinedo también manifestó la "preocupación" de su empresa por la delegación de facultades en una autoridad de aplicación cuyo perfil lo definirá el Poder Ejecutivo por decreto reglamentario.

Destrucción

Por su parte, el gerente general de Cablevisión, Carlos Moltini, calificó el proyecto como "un instrumento más para la destrucción de la televisión por cable".

Según Moltini, habilitar a las telefónicas a brindar televisión satelital "no sólo destruye el negocio, sino la única red alternativa que existe". En ese sentido, precisó que Telefónica está en condiciones de brindar servicios de TV satelital de manera casi inmediata a la sanción del nuevo marco regulatorio, tras lo cual se preguntó: "¿Cuánto tiempo va a poder resistir la televisión por cable?", y concluyó: "Va a desaparecer".

En la misma línea, el presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), Walter Burzaco, sostuvo que es necesario evitar "el ingreso de las grandes telefónicas" en el negocio de la comunicación audiovisual porque, de no hacerlo, "se va a consagrar una depredación de las empresas de televisión por cable".

Tras destacar que este proyecto de la Casa Rosada da marcha atrás con la ley de medios, Burzaco les recordó a los senadores que a las telefónicas con "una sola licencia les basta para todo el territorio, mientras que la TV por cable no puede superar los 24 pueblos".

Alertan contra la regulación de contenidos

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió ayer sobre "los riesgos que conlleva un proyecto de ley, impulsado por legisladores del oficialismo, que propicia regular y limitar los contenidos de las expresiones que realicen los usuarios a través del servicio de Internet".

En un comunicado, el organismo hizo mención a un fallo de la Corte Suprema en el que el máximo tribunal consideró que Internet es "un medio fundamental de comunicación social" a través del cual "se ejercen las libertades de expresión y de prensa, ADEPA calificó el proyecto como "una intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito pluralista que rige las ideas y opiniones de los usuarios de Internet", y lo consideró "un grave retroceso institucional y un deterioro cultural inadmisible en el siglo 21".

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