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El decreto 690 aleja a la Argentina del sendero de desarrollo y perjudicará a los ciudadanos

Manuel Cipriano, Consultor en Telecomunicaciones y TIC (Ex Osiptel y MTC de Perú), expuso esta posición en el Panel “La Conectividad en el Nuevo Contexto”, durante la 31° Edición de las Jornadas Internacionales organizadas por ATVC y CAPPSA. Afirmó que los resultados positivos se obtienen con la flexibilización de la regulación y la promoción de la competencia.

El panel conto con la presencia de Laura Botero, Directora Regional Comunidad Andina de ASIET, Alexia González, Economist & Telecommunication Policy Analyst de la OCDE y Javier Morales, Analista regulatorio en Américas y Tendencias Globales de Cullen International. La moderación estuvo a cargo de Paula Bertolini, Directora de la Agencia DPL News.

Laura Botero afirmó: “Los operadores deben realizar las inversiones necesarias y el Estado debe proveer las condiciones para promover dichas inversiones. La disminución de costos impositivos y tributarios agilizará los despliegues de infraestructura.Realizar una revisión de impacto normativo o regulatorio es fundamental para determinar si la obligación es necesaria y producente. De esta forma se evitan impactos negativos en el mercado que retrasen el despliegue y ampliación y servicio. En este sentido, el control de precios en Argentina no es el camino para una universalización del acceso”.

Respecto del espectro, Botero destacó que debe primar el uso en pos del bien común por sobre el fin recaudatorio, para dinamizar la expansión y accesibilidad de la banda ancha móvil. También abordó el uso de los Fondos de Servicio Universal, a los cuales consideró una herramienta central para la universalización del acceso. Destacó la necesidad de la planificación del uso de los mismos y el destino exclusivo de inclusión digital, eliminación de la brecha y aumento de la conectividad. Según su óptica, la separación de las políticas de Estado de los vaivenes políticos debe ser clara para la cumplimentación de esos objetivos.

Respecto de la situación en Argentina, afirmó: “No vemos una situación excepcional que justifique una medida como el Decreto de Necesidad y Urgencia 690. Tampoco consideramos que produzca beneficios para el sector y la sociedad. El control de precios tiene un impacto definitivamente negativo, además produce una homogenización de la oferta, dado que impide a los prestadores la creación de ofertas diferenciadas para cada tipo de usuario. Sin duda retrasa las inversiones y la expansión del servicio”. La especialista de ASIET considera a la promoción de la competencia como el principal vector de desarrollo, inclusión, baja de precios y barreras de acceso. Todo ello, combinado con un uso apropiado y exclusivo de los Fondos de Servicio Universal, son las herramientas para una universalización del acceso.

Alexia González, de la OCDE, afirmó: “Hemos visto cómo la competencia ha sido el pilar fundamental para la extensión de la banda ancha, y también para mejorar los precios y la accesibilidad. Uno de los casos testigo es México, donde el fomento de la competencia y la inversión funciona y generó una baja de precio, así como la expansión de la banda ancha móvil. El fomento de la inversión y la competencia funciona y beneficia a los sectores de más bajos ingresos”. La representante de OCDE describió el impacto positivo de la simplificación de los permisos locales para despliegues. Destacó las experiencias regionales donde, ante la falta de respuesta de las autoridades competentes, se considera el permiso como dado, lo cual redunda en una fuerte aceleración de las obras de infraestructura. “Hoy estamos hablando del 5G. Debemos ser conscientes de que el 5G precisa una intensificación de redes. Una intensificación de antenas y de redes de fibra robustas. Esto requiere inversión y dinamismo. Hoy más que nunca asegurar la conectividad es imprescindible para la economía y la sociedad”. En referencia al espectro, expuso la necesidad de una gestión eficiente del mismo, que garantice la competencia y la aceleración de cobertura de banda ancha móvil como uno de los elementos de inclusión. Respecto de la regulación, afirmó: “Incentivar la inversión es central y se debe entender que son inversiones de largo plazo, con lo cual la certeza legal frente a los cambios políticos es primordial”. Para finalizar su alocución afirmó que es necesaria “la implementación de políticas que incentiven la inversión en infraestructura resiliente y escalable, una mayor cobertura y redes de alta capacidad, facilitando con esto la disponibilidad de servicios de banda ancha”.

El consultor Manuel Cipriano, destacó que en el día de hoy la tecnología evoluciona a más velocidad que la regulación, lo que en muchos casos constituye un escollo para los despliegues y la inclusión. “Nos estamos quedando con regulaciones que piensan en 3G cuando ya estamos en 5G. Son nuevos los servicios que hoy marcan la regulación, se debe flexibilizar la regulación para promover la competencia y la inversión. Es la competencia la que solucionará los problemas de la población. Sin competencia no habrá precios justos ni servicios de calidad. Las medidas populistas afectan al mercado, distorsionan la competencia y perjudican a los usuarios. El control de precio, la alternativa de establecer el servicio de internet como servicio público y crear esta atmosfera de sobre-regulación será contraproducente para Argentina. Se debe fortalecer el ambiente de estabilidad y estimular la cooperación público-privada”, concluyó Cipriano.

Javier Morales, de Cullen International, destacó lo atípico del caso argentino respecto de la calificación de “Servicio Público” y consideró a las medidas como contraproducentes respecto del fin buscado.

Vea las conferencias en el canal oficial de Youtube de ATVC: https://www.youtube.com/watch?v=Wn6G8eAWtYA

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