Doy la bienvenida quienes participan de la edición N° 31 de Jornadas Internacionales. En este Acto de Apertura, saludo cordialmente al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta; al Sr. Presidente del Directorio del ENACOM, Claudio Ambrosini; y al Presidente de CAPPSA, Sergio Veiga, con quien hemos trabajado para que esta segunda edición virtual sea un éxito.
Asimismo saludo a todas las autoridades en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación y a los integrantes del Directorio de ENACOM. Agradezco también a los representantes políticos y funcionarios su participación; también, a todos los panelistas, periodistas, actores de la cultura y los medios; a los colegas empresarios; a los compañeros del SATSAID, de la SAL y Telefónicos.
La pandemia ha modificado nuestras vidas en todos sus aspectos. La educación, el trabajo, la institucionalidad, el entretenimiento, el consumo, incluso nuestros estados de ánimo se han visto afectados por una “nueva realidad”.
La conectividad ha estado y sigue estando presente en cada uno de ellos. La llamada “vida anterior” se ha trasladado, ha transcurrido y discurrido a través de las redes de TIC.
El progresivo aumento del tiempo conectados, para cada uno de nosotros, ha dejado de ser progresivo para ser explosivo.
Los tiempos habituales de adaptación de las personas, y de las sociedades, se vieron acortados por la urgencia sanitaria y la necesidad de resolver cuanto antes cómo seguir adelante.
El sector de las TICs se encontró en el ojo de la tormenta. La adaptación que tuvimos que hacer en nuestra vida cotidiana producto del aislamiento, tuvo gran impacto en los actores de la industria. En todo lo que comprende la conectividad.
Expresar en números el aumento de la demanda, la tensión a la que fueron sometidas las empresas y sus redes, los cambios en la modalidad de trabajo, es por cierto difícil.
¡O, no! Si se expresa en la respuesta a estas exigencias, en la sustentabilidad del servicio, en la colaboración que todos los actores del sector dieron al Estado, Instituciones, Empresas y Ciudadanos. Se expresa por haber anticipado inversiones en un escenario adverso en lo económico, en la actitud constante y determinada de no trasladar buena parte de los mayores costos a la sociedad. Se expresa en el compromiso, el mismo que desde su génesis ha tenido esta industria con el país. Se expresa cuando empleados y trabajadores actuaron en consonancia y se adaptaron a los nuevos paradigmas, respondiendo a las necesidades de servicio de nuestros clientes.
Pero, por alguna inexplicable razón, al menos para nosotros, en medio del diálogo y el trabajo conjunto, el Gobierno dictó el DNU 690/20 calificando a nuestros servicios como públicos y dispuso también un congelamiento unilateral de nuestros precios.
Congelamiento ajeno a la realidad de nuestros costos, a la necesidad de continuas inversiones y mantenimiento por el aumento de la demanda, y a los cambios económicos generales que afectaron y afectan al país. El INDEC los demuestra claramente en su comparación interanual del mes de agosto: la inflación fue del (+) 51,4%, pero el rubro comunicación apenas llegó a la mitad: (+) 26,4%.
Por otro lado, las inversiones en moneda constante se redujeron en cincuenta por ciento (-50%), si tomamos como base el año 2018 y lo comparamos con el año 2020.
El DNU también se dispuso un cambio de reglas inédito: calificar de servicio público a un sector que nació y se desarrolló en competencia y sin prebendas. Junto a la decisión hubo definiciones y descripciones injustas sobre el desempeño de nuestra industria, que tiene más de 1.200 operadores independientes. Si fueran ciertos los argumentos empleados para justificar esta arbitrariedad normativa, referidos al despliegue de redes, la cobertura del servicio y la calidad de los mismos, Argentina hubiera estado parada todo este tiempo. Y no fue así.
Las palabras, por sí solas, carecen de poder para modificar la realidad. La intención declamada por el DNU de zanjar la brecha digital o hacer universal el acceso, no se alcanza por medio de dos palabras: “servicio público”. Y resultan extrañas en un país donde el agua, las cloacas y el gas, siendo servicios públicos, denotan carencias y una falta de cobertura notoria y verificable. Pero, cuando hablamos de los servicios TIC, según los propios datos del INDEC, el 90% de los hogares del país cuentan con al menos una conexión a Internet, sea fija o móvil.
En esta calificación, junto al congelamiento de precios impuesto, radica la génesis de nuevas desigualdades que aventajan a los sectores más pudientes por encima de los necesitados. Al congelar todos los servicios, se impide que se compita en los de gama media y alta, es decir, en servicios para los sectores con mayor capacidad adquisitiva. En toda la historia del sector, la libertad en el manejo de los precios de acuerdo a los consumos ha permitido sustentar las inversiones necesarias para que toda la población reciba un servicio adecuado. Sin embargo, los más pudientes hoy tienen los abonos congelados para ver contenidos premium extranjeros, lo mismo que quienes precisan la conectividad para trabajar, educarse, esta conectado con su entorno, o consultar al médico. Es decir, para sus necesidades cotidianas y las de su familia.
El voluntarismo puede ser virtuoso cuando se aplica a cuestiones reales que se desean modificar. Pero el voluntarismo es inadecuado si se piensa que la sola enunciación de un postulado va a crear por sí mismo nuevas condiciones. Además, en nuestro caso, afecta a los actores responsables de llevar el servicio TIC a la totalidad del territorio. Actores por cuyas redes hoy fluye y funciona gran parte de la economía, la educación e incluso la institucionalidad.
La discusión sobre el DNU excede el marco de las consideraciones legales. Su impacto es fáctico y sus resultados lo tornan regresivo para el desarrollo de un país que precisa la inclusión digital y el ingreso a la sociedad del conocimiento, si en verdad queremos ser parte del concierto de países desarrollados. El DNU no solo afecta a un sector, también niega oportunidades a la totalidad del cuerpo social.
Es aún más complejo interpretar la regulación y el yugo sobre un sector que invierte en dólares y cobra en pesos, que genera empleos calificados en todo el territorio, que es uno de los principales contribuyentes y que reinvierte en infraestructura de redes para beneficio del país, frente a la libertad otorgada a quienes prácticamente no generan empleos, casi no tributan en el país, cobran en dólares y no aportan inversiones. Una extraña suma cero que pasa desapercibida. Me refiero a las plataformas de contenidos y a las redes sociales. Usan las redes de nuestras empresas gratuitamente, tensionan la capacidad de las mismas y provocan ingentes aumentos en la demanda del ancho de banda y nos obligan invertir constantemente para que los abonados reciban calidad. En tanto que el congelamiento, la crítica, las diatribas y una eventual queja del usuario recaen en los que tenemos congelados los precios y los costos en aumento.
No negamos la necesidad de normas que expandas y universalicen el servicio. Estamos de acuerdo con la existencia de un servicio básico que garantice el acceso a los sectores más carenciados. Pero entendemos que este intempestivo cambio de reglas, lejos de lograr los objetivos, traerá resultados negativos para los ciudadanos, los operadores y el Estado. El acceso universal se va a lograr con más redes y mayor competencia, pero hoy estamos demorados ante la incertidumbre regulatoria.
Es imperativo salir de esta situación por medio del acuerdo, es responsabilidad del Gobierno y del sector dejar la confrontación para potenciar el desarrollo del país, creando nuevas oportunidades y construyendo un futuro mejor.
Para más información:
ATVC
www.atvc.org.ar
Claudia Gonzalez – claudia@atvc.org.ar
CAPPSA
www.cappsa.org
Adriana Medici – adrianamedici@cappsa.org
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Doy la bienvenida quienes participan de la edición N° 31 de Jornadas Internacionales. En este Acto de Apertura, saludo cordialmente al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta; al Sr. Presidente del Directorio del ENACOM, Claudio Ambrosini; y al Presidente de CAPPSA, Sergio Veiga, con quien hemos trabajado para que esta segunda edición virtual sea un éxito.
Asimismo saludo a todas las autoridades en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación y a los integrantes del Directorio de ENACOM. Agradezco también a los representantes políticos y funcionarios su participación; también, a todos los panelistas, periodistas, actores de la cultura y los medios; a los colegas empresarios; a los compañeros del SATSAID, de la SAL y Telefónicos.
La pandemia ha modificado nuestras vidas en todos sus aspectos. La educación, el trabajo, la institucionalidad, el entretenimiento, el consumo, incluso nuestros estados de ánimo se han visto afectados por una “nueva realidad”.
La conectividad ha estado y sigue estando presente en cada uno de ellos. La llamada “vida anterior” se ha trasladado, ha transcurrido y discurrido a través de las redes de TIC.
El progresivo aumento del tiempo conectados, para cada uno de nosotros, ha dejado de ser progresivo para ser explosivo.
Los tiempos habituales de adaptación de las personas, y de las sociedades, se vieron acortados por la urgencia sanitaria y la necesidad de resolver cuanto antes cómo seguir adelante.
El sector de las TICs se encontró en el ojo de la tormenta. La adaptación que tuvimos que hacer en nuestra vida cotidiana producto del aislamiento, tuvo gran impacto en los actores de la industria. En todo lo que comprende la conectividad.
Expresar en números el aumento de la demanda, la tensión a la que fueron sometidas las empresas y sus redes, los cambios en la modalidad de trabajo, es por cierto difícil.
¡O, no! Si se expresa en la respuesta a estas exigencias, en la sustentabilidad del servicio, en la colaboración que todos los actores del sector dieron al Estado, Instituciones, Empresas y Ciudadanos. Se expresa por haber anticipado inversiones en un escenario adverso en lo económico, en la actitud constante y determinada de no trasladar buena parte de los mayores costos a la sociedad. Se expresa en el compromiso, el mismo que desde su génesis ha tenido esta industria con el país. Se expresa cuando empleados y trabajadores actuaron en consonancia y se adaptaron a los nuevos paradigmas, respondiendo a las necesidades de servicio de nuestros clientes.
Pero, por alguna inexplicable razón, al menos para nosotros, en medio del diálogo y el trabajo conjunto, el Gobierno dictó el DNU 690/20 calificando a nuestros servicios como públicos y dispuso también un congelamiento unilateral de nuestros precios.
Congelamiento ajeno a la realidad de nuestros costos, a la necesidad de continuas inversiones y mantenimiento por el aumento de la demanda, y a los cambios económicos generales que afectaron y afectan al país. El INDEC los demuestra claramente en su comparación interanual del mes de agosto: la inflación fue del (+) 51,4%, pero el rubro comunicación apenas llegó a la mitad: (+) 26,4%.
Por otro lado, las inversiones en moneda constante se redujeron en cincuenta por ciento (-50%), si tomamos como base el año 2018 y lo comparamos con el año 2020.
El DNU también se dispuso un cambio de reglas inédito: calificar de servicio público a un sector que nació y se desarrolló en competencia y sin prebendas. Junto a la decisión hubo definiciones y descripciones injustas sobre el desempeño de nuestra industria, que tiene más de 1.200 operadores independientes. Si fueran ciertos los argumentos empleados para justificar esta arbitrariedad normativa, referidos al despliegue de redes, la cobertura del servicio y la calidad de los mismos, Argentina hubiera estado parada todo este tiempo. Y no fue así.
Las palabras, por sí solas, carecen de poder para modificar la realidad. La intención declamada por el DNU de zanjar la brecha digital o hacer universal el acceso, no se alcanza por medio de dos palabras: “servicio público”. Y resultan extrañas en un país donde el agua, las cloacas y el gas, siendo servicios públicos, denotan carencias y una falta de cobertura notoria y verificable. Pero, cuando hablamos de los servicios TIC, según los propios datos del INDEC, el 90% de los hogares del país cuentan con al menos una conexión a Internet, sea fija o móvil.
En esta calificación, junto al congelamiento de precios impuesto, radica la génesis de nuevas desigualdades que aventajan a los sectores más pudientes por encima de los necesitados. Al congelar todos los servicios, se impide que se compita en los de gama media y alta, es decir, en servicios para los sectores con mayor capacidad adquisitiva. En toda la historia del sector, la libertad en el manejo de los precios de acuerdo a los consumos ha permitido sustentar las inversiones necesarias para que toda la población reciba un servicio adecuado. Sin embargo, los más pudientes hoy tienen los abonos congelados para ver contenidos premium extranjeros, lo mismo que quienes precisan la conectividad para trabajar, educarse, esta conectado con su entorno, o consultar al médico. Es decir, para sus necesidades cotidianas y las de su familia.
El voluntarismo puede ser virtuoso cuando se aplica a cuestiones reales que se desean modificar. Pero el voluntarismo es inadecuado si se piensa que la sola enunciación de un postulado va a crear por sí mismo nuevas condiciones. Además, en nuestro caso, afecta a los actores responsables de llevar el servicio TIC a la totalidad del territorio. Actores por cuyas redes hoy fluye y funciona gran parte de la economía, la educación e incluso la institucionalidad.
La discusión sobre el DNU excede el marco de las consideraciones legales. Su impacto es fáctico y sus resultados lo tornan regresivo para el desarrollo de un país que precisa la inclusión digital y el ingreso a la sociedad del conocimiento, si en verdad queremos ser parte del concierto de países desarrollados. El DNU no solo afecta a un sector, también niega oportunidades a la totalidad del cuerpo social.
Es aún más complejo interpretar la regulación y el yugo sobre un sector que invierte en dólares y cobra en pesos, que genera empleos calificados en todo el territorio, que es uno de los principales contribuyentes y que reinvierte en infraestructura de redes para beneficio del país, frente a la libertad otorgada a quienes prácticamente no generan empleos, casi no tributan en el país, cobran en dólares y no aportan inversiones. Una extraña suma cero que pasa desapercibida. Me refiero a las plataformas de contenidos y a las redes sociales. Usan las redes de nuestras empresas gratuitamente, tensionan la capacidad de las mismas y provocan ingentes aumentos en la demanda del ancho de banda y nos obligan invertir constantemente para que los abonados reciban calidad. En tanto que el congelamiento, la crítica, las diatribas y una eventual queja del usuario recaen en los que tenemos congelados los precios y los costos en aumento.
No negamos la necesidad de normas que expandas y universalicen el servicio. Estamos de acuerdo con la existencia de un servicio básico que garantice el acceso a los sectores más carenciados. Pero entendemos que este intempestivo cambio de reglas, lejos de lograr los objetivos, traerá resultados negativos para los ciudadanos, los operadores y el Estado. El acceso universal se va a lograr con más redes y mayor competencia, pero hoy estamos demorados ante la incertidumbre regulatoria.
Es imperativo salir de esta situación por medio del acuerdo, es responsabilidad del Gobierno y del sector dejar la confrontación para potenciar el desarrollo del país, creando nuevas oportunidades y construyendo un futuro mejor.
Para más información:
ATVC
www.atvc.org.ar
Claudia Gonzalez – claudia@atvc.org.ar
CAPPSA
www.cappsa.org
Adriana Medici – adrianamedici@cappsa.org
