La Industria de la Televisión por Cable, representada por las Asociaciones firmantes, deja sentada en esta Declaración su posición ante la situación de aplicación del Marco Regulatorio actual y de la Propuesta de Proyecto de Ley.

El Cable ha construido la mayor Red Alternativa fuera de las experiencias de los países centrales. La sustentación de esta Red nació de la inversión legítima y nacional.

Desde hace más de cuarenta años somos el espejo de las localidades y vehículo de la pluralidad de voces y democratización de la información. El cable produce más de 600 señales, así como innumerable cantidad de contenidos locales.

La industria ha sido también el motor principal del aumento de la conectividad y disminución de la brecha digital.

Desde el 64 a esta parte, hemos participado de la dinámica institucional con el objetivo de obtener reglas claras y previsibilidad para nuestra expansión, que aporta al desarrollo nacional.

Sin embargo, desde dos años a esta parte, no sólo ha costado sostener esta previsibilidad, sino que se han intensificado las acciones contra la industria y las intenciones de modificar los marcos regulatorios.

En el 2005, luego de un debate de un año, se logró la aprobación de una modificación del artículo 45 de la actual Ley de Radiodifusión. A menos de cuatro años, nos encontramos con la decisión política de borrar de un plumazo esta decisión fruto del consenso.

En la actualidad, vemos con preocupación que se incorporarían actores de servicios públicos, Cooperativas y Telefónicas a la prestación de servicios de Televisión por Cable.

La Resolución 275 del COMFER es el primer paso para la destrucción de la competencia y el desarrollo.

Hace un año presentamos en Salta otra declaración, con la enumeración de los problemas y necesidades de la Industria para ser debatidos y resueltos, a fin de continuar con las inversiones y el aporte al desarrollo de nuestra nación.

A un año, nos anuncian un Proyecto de Ley que da por tierra no sólo con lo enunciado en la Declaración de Salta, sino que agrava la situación.

La entrada de las Cooperativas de Servicios Públicos, constituye el ingreso de monopolios locales con multiplicidad de servicios, con dominancia y control de la infraestructura de acceso a los usuarios en las localidades. A partir de esta decisión, las PYMES del Cable asistiremos a nuestro propio fin.

El proyecto de Ley también contempla el ingreso directo de las telefónicas. De instrumentarse esta decisión, se desmantelará la Red Alternativa y se agravará la brecha digital.

El Cable ratifica su solicitud de inmanencia de las reglas y marco regulatorio que han permitido el desarrollo. La sanción de una nueva Ley de Radiodifusión debe ser fruto del consenso social y no de una decisión política de otorgar más privilegios a empresas y permitir la expansión de monopolios locales en desmedro de empresas PYMES que dan trabajo, producen conocimiento, desarrollan la cultura y defienden las identidades locales.
Queremos un proyecto de Ley cerca de la Política de Estado y lejos del Interés Político. Para ello, proponemos un debate exhaustivo y organizado. Si no, podrá ser la Ley sancionada en Democracia, pero no la Ley de la Democracia.